Resumen: En el siglo XIX se privatizó una parte significativa del patrimonio público rústico por medio de cesiones, repartos, roturaciones y usurpaciones, al margen de la desamortización mediante subastas reguladas por el Estado. Ese proceso se explica tanto por la deficiente información de que dispuso la Administración sobre el patrimonio rústico público, como por las relaciones sociales y de poder político configuradas durante la reforma agraria liberal, y la disposición de las nuevas instituciones a consolidar la propiedad plena sin investigar como se accedió a la posesión. El artículo introduce esos procesos alternativos de apropiación y reclama una mayor atención hacia ellos, tanto por su significación económica como por su trascendencia social y política.