El ministro valora el freno al incremento de los precios en el primer mes de aplicación de la rebaja del IVA a determinados alimentos básicos, y considera que en los próximos se producirá una disminución progresiva
Destaca el buen funcionamiento de la ley de la cadena en su primer año de aplicación, que ha evitado que, como en anteriores crisis, el peso recaiga sobre los agricultores y ganaderos
Subraya que la nueva PAC va a ser determinante para garantizar la sostenibilidad y competitividad de las explotaciones agrícolas y ganaderas
Anuncia que España acogerá dos consejos de ministros extraordinarios de Agricultura y Pesca durante su turno de presidencia de la UE, en Vigo y Córdoba
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha anunciado hoy que el Observatorio de la Cadena Alimentaria se reunirá el próximo lunes, 20 de febrero, para analizar la evolución de los precios de la alimentación y el impacto, en su primer mes de aplicación, de la rebaja del IVA de determinados productos que aprobó el Gobierno para facilitar el acceso de las familias a la cesta de la compra. El ministro ha realizado este anuncio durante una comparecencia ante la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Congreso de los Diputados, precisamente el día que se ha conocido el dato del IPC del mes de enero, que, según ha considerado el ministro, indica que las medidas adoptadas por el Gobierno han contribuido a frenar el incremento de los precios. La tasa interanual del IPC de los productos alimentarios se sitúa en un 15,4 %, tres décimas menos que en diciembre, y la evolución mensual de los alimentos afectados por la reducción del IVA ofrece un descenso de 1,6 puntos. El ministro se ha mostrado convencido de que en los próximos meses se producirá una disminución progresiva de los precios, y ha recordado que España se sitúa por debajo de la media europea en los índices de encarecimiento de los alimentos. El ministro ha reiterado que las causas que han motivado el importante crecimiento de los precios de los alimentos en los últimos meses son el encarecimiento de las materias primas y de los costes de producción en el sector agrario como consecuencia de la guerra en Ucrania. Por ello, ha explicado, la acción del Gobierno se ha centrado en un doble objetivo: paliar el incremento de los costes productivos y ayudar a las familias, especialmente a las más vulnerables, a hacer frente al encarecimiento de los alimentos. Con el objetivo de respaldar a los sectores agrario y pesquero frente a estas dificultades que comprometen su rentabilidad, el Gobierno ha arbitrado medidas extraordinarias y urgentes que suman casi 2.000 millones de euros entre ayudas directas y apoyo fiscal, financiero, laboral y social, que no tienen precedentes. Para ayudar a las familias a soportar el encarecimiento de la cesta de la compra, el Gobierno decidió eliminar el IVA a partir del 1 de enero de alimentos básicos, que son los más demandados, como pan, leche, huevos, harina o frutas y verduras, y reducir del 10 % al 5 % el de aceite y pastas, los productos que más se han encarecido en los últimos meses. La medida se completa con un cheque de 200 euros a más de 4,2 millones de familias con rentas de hasta 27.000 euros. El ministro ha recordado que hoy mismo se ha iniciado el plazo para la solicitud de estas ayudas. También ha salido publicado hoy el listado provisional de cerca de 250.000 agricultores que se verán beneficiados de las ayudas para los fertilizantes, por un montante de 300 millones de euros. LEY DE LA CADENA El ministro ha destacado la importancia de la reforma de la ley de la cadena, aprobada en diciembre de 2022, y que ha permitido que en este último año “no haya ocurrido como siempre, que el peso de la crisis cayera sobre los agricultores y ganaderos, los eslabones más débiles de la cadena”. Ha señalado que aunque se trata de una ley ambiciosa, que supone un cambio en la cultura de las relaciones comerciales en el seno de la cadena que requiere tiempo, en este primer año ha funcionado satisfactoriamente y produce una mayor transparencia, equilibro y eficacia. En su intervención ha detallado algunos de los pasos impulsados por el Gobierno para el despliegue de la ley, como la creación del registro de contratos alimentarios, que entró en funcionamiento el pasado 31 de enero, la constitución del comité de cooperación de las autoridades de ejecución entre la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA) y las comunidades autónomas. Los precios de los alimentos y la ley de la cadena han sido dos de los ejes centrales de la intervención del ministro en el Congreso de los Diputados junto a los dos principales acontecimientos que se producen en este año: la entrada en vigor de la nueva Política Agraria Común (PAC) y la presidencia de turno de la Unión Europea que ejercerá España en el segundo semestre. NUEVA PAC El plan estratégico para la aplicación de la nueva PAC en España, que ha entrado en vigor el 1 de enero, es, según ha asegurado el ministro, un instrumento determinante para garantizar la viabilidad y la competitividad de los sectores agrícola y ganadero. Supone un importante complemento de renta para los agricultores y ganaderos, entre los que habrá un reparto más equitativo de las ayudas, ya que éstas van orientadas preferentemente hacia las pequeñas y medianas explotaciones. En este sentido se ha referido a la introducción de figuras como el capping o tope máximo de ayudas, fijado en 100.000 euros por explotación que pueden llegar hasta 200.000, si se justifica, con los costes laborales; la reducción progresiva en el cálculo de la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad cuando esta supere los 60.000 euros, o el pago redistributivo. En total, los agricultores y ganaderos españoles van a percibir, hasta 2027, más de 4.800 millones de euros anuales en ayudas directas. El ministro ha señalado que uno de los objetivos de la nueva PAC es impulsar el relevo generacional y atraer la incorporación de jóvenes agricultores, para lo que se destina un pago complementario con un total de 220 millones de euros anuales. En el sector agrario, Igualmente, la nueva PAC trata de luchar contra la brecha de género y España ha sido pionera en poner en práctica medidas como incrementar en un 15 % la ayuda complementaria a jóvenes cuando se trate de mujeres. Planas ha destacado que la nueva PAC supone también una mayor ambición en la protección del medio ambiente y en la lucha contra el cambio climático y, de hecho, el 43 % del presupuesto global de la PAC está vinculado a estos aspectos. El ministro se ha referido a una de las figuras más novedosas y que más inquietud ha generado entre agricultores y ganaderos, los ecorregímenes, que consiste en la remuneración de prácticas en favor del medio ambiente que con carácter voluntario realicen en sus explotaciones. A este capítulo se destinan casi la cuarta parte de las ayudas, más de 1.100 millones de euros anuales. El ministro ha asegurado que los ecorregímenes se han diseñado de manera que todos los agricultores y ganaderos tengan al menos uno al que poderse acoger, y ha recordado que las comunidades autónomas pueden también diseñar, de forma complementaria, ayudas agroambientales en las medidas de desarrollo rural que puedan suponer un ingreso adicional por el esfuerzo realizado. El ministro ha señalado que el plan estratégico de la PAC incorpora también un importante presupuesto para medidas de desarrollo rural y ayudas sectoriales que permitirán el fomento de las inversiones en la modernización y digitalización de la actividad agraria y la aplicación de I+D+I Igualmente ha reseñado la importancia de la labor de asesoramiento a los agricultores y ganaderos para que estén suficientemente informados sobre cómo afecta a cada uno el nuevo plan y dispongan de las herramientas necesarias para su cumplimiento. Con este fin, el ministerio va a destinar 4 millones de euros en ayudas a las organizaciones agrarias. Planas se ha referido también a la intensa labor normativa realizada en los últimos meses por el ministerio para propiciar la aplicación del plan estratégico, con una ley y 18 decretos regulatorios. También ha resaltado la importancia de la actuación conjunta y coordinada entre el Gobierno, las comunidades autónomas, las organizaciones sectoriales y las entidades colaboradoras para garantizar una aplicación exitosa de la nueva PAC que facilite la evolución hacia una agricultura y una ganadería más inteligente, sostenible y competitiva. PRESIDENCIA ESPAÑOLA DE LA UE El ministro ha informado a la Comisión de Agricultura del Congreso que durante los seis meses de presidencia española de la unión Europea (UE) se celebrarán 7 consejos de ministros de Agricultura y Pesca, dos de ellos de carácter informal que tendrán lugar en Vigo, en julio, sobre asuntos pesqueros, y en Córdoba, en septiembre, dedicado a temas agrarios. Además, están ya programado un calendario con más de 21 reuniones y eventos relacionados con la presidencia que se iniciarán en junio en Jerez de la Frontera con la celebración del Congreso Mundial de la Viña y el Vino. Ha adelantado que entre los asuntos legislativos que afrontará la UE durante el semestre de presidencia española figuran la revisión normativa sobre bienestar animal y material reproductivo vegetal y forestal; los nuevos reglamentos sobre la información al consumidor en el etiquetado de productos, sobre uso sostenible de fitosanitarios y el de Indicaciones Geográficas Protegidas, así como la directiva sobre desperdicio. El ministro ha señalado que durante su turno de presidencia, España intentará dar un impulso a debate sobre las nuevas técnicas genómicas en la producción vegetal, asunto que formará parte del orden del día del Consejo de Ministros de Córdoba, que tratará sobre la aplicación de nievas tecnologías en la agricultura. En materia de pesca, el ministro ha señalado que uno de los objetivos de España será que las decisiones sobre Totales Admisibles de Captura (TAC) y cuotas tengan carácter plurianual, y no anual como ocurre ahora, para favorecer la planificación empresarial de la actividad, comenzando por algunas de las poblaciones de peces que tengan ya una base científica para ello, y avanzar en las demás. El consejo de ministros de Vigo tendrá como eje central la descarbonización de la flota y la posibilidad de habilitar fondos para la renovación de ésta, con barcos más seguros y con mejores condiciones de habitabilidad que hagan más segura la actividad y faciliten la transición energética el relevo generacional.