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El Gobierno ha habilitado ayudas directas de más de 1.000 millones de euros para agricultores, ganaderos y pescadores; además de medidas fiscales, laborales y sociales estimadas en otros 1.000 millones de euros
Junto a la aprobación definitiva del plan estratégico de la PAC por la Comisión Europea, el Gobierno ha completado un paquete legislativo con una ley y todos los reales decretos precisos para la aplicación de la nueva política agraria a partir del 1 de enero de 2023
También ha recibido luz verde, a finales de año, el programa español del Fondo Europeo, Marítimo de la Pesca y la Acuicultura (FEMPA), dotado con 1.120 millones de euros, encaminado a mantener la viabilidad de la actividad pesquera
Los proyectos de ley de Pesca Sostenible e Investigación Pesquera, y de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario se encuentran en trámite parlamentario tras su aprobación en Consejo de Ministros
El ministerio ha movilizado 450,5 millones para el segundo año de desarrollo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
La habilitación de ayudas extraordinarias y urgentes de apoyo a agricultores, ganaderos y pescadores para hacer frente a las consecuencias de la guerra de Rusia en Ucrania y la sequía; la aprobación definitiva del plan estratégico de la Política Agraria Común (PAC), que permitirá su entrada en vigor el 1 de enero de 2023; la aprobación comunitaria del programa español del Fondo Europeo, Marítimo de la Pesca y la Acuicultura (FEMPA); el desarrollo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR); y la remisión a las Cortes de los proyectos de ley de pesca sostenible y para combatir el desperdicio alimentario tras su aprobación por el Consejo de Ministros, han sido algunos de los compromisos cumplidos por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) a lo largo del año 2022. Con la culminación del procedimiento normativo a lo largo del año, la nueva PAC 2021-2027 podrá entrar en vigor el 1 de enero de 2023, con un volumen de ayudas en el conjunto del período de 47.724 millones de euros, que, sumadas las aportaciones estatal y autonómica a la cofinanciación de las medidas de desarrollo rural, sobrepasará los 50.000 millones de euros. Se trata de un instrumento muy potente para apoyar a los agricultores y ganaderos en los retos sociales, económicos y medioambientales. Después de un largo y complejo procedimiento de elaboración, que se prolongó durante casi tres años en diálogo con las comunidades autónomas, las organizaciones sectoriales y otros colectivos sociales, la Comisión Europea aprobó el plan estratégico para la aplicación de la PAC presentado por España el pasado 31 de agosto. En este tiempo el Gobierno ha completado el entramado normativo necesario para el desarrollo de la PAC, con un proyecto de ley -aprobado en el Congreso de los Diputados el pasado 15 de diciembre- y un conjunto de 18 reales decretos, de los cuales ya se han aprobado 15 y quedan pendiente de publicación otros tres que no condicionan la entrada en vigor de la nueva PAC el 1 de enero. El plan estratégico español tiene como objetivos principales mejorar la rentabilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas; favorecer el necesario relevo generacional y la incorporación de la mujer; procurar una producción de alimentos más sostenible que consuma menos recursos naturales y preserve la biodiversidad; e impulsar la innovación y la digitalización de la actividad agraria. La nueva PAC será más justa, más social y más sostenible. Para procurar un reparto más equilibrado de las ayudas, se ha introducido la figura del pago redistributivo para las pequeñas y medianas explotaciones, se ha fijado un tope máximo de las ayudas y se ha establecido una modulación en el cálculo de éstas a partir de un determinado umbral. La PAC es un complemento de renta y beneficia especialmente a la agricultura profesional y familiar, que forma el grueso productivo del agro español y es la más necesitada de apoyos. La Comisión Europea ha aprobado también definitivamente el programa operativo español para el Fondo Europeo Marítimo de la Pesca y la Acuicultura, negociado y consensuado con las comunidades autónomas está dotado con 1.120 millones de euros. Este presupuesto convierte a España en el Estado miembro que más fondos recibe, acorde con la importancia de la flota pesquera nacional, que es la primera de la Unión Europea. Estos fondos se encaminarán en España a mantener la viabilidad de la actividad pesquera, mediante la gestión sostenible y la conservación de los ecosistemas marinos, el fomento de una acuicultura sostenible y competitiva, la modernización y dinamización de la cadena de valor, el impulso de la economía azul y el desarrollo de las comunidades locales pesqueras y acuícolas, principalmente a través de los Grupos de Acción Local (GAL). El 1 de diciembre se constituyó en Vigo la Mesa de la Ciencia Pesquera. Formada por las administraciones central y autonómicas, entidades científicas, representantes sectoriales, ambientales y sindicales, la Mesa apuesta por redoblar esfuerzos en investigación e innovación y el desarrollo tecnológico. El objetivo es conservar los recursos pesqueros, pero teniendo en cuenta la necesaria sostenibilidad económica y social del sector pesquero. Apoyo frente a las dificultades El año 2022 ha estado marcado por las dificultades derivadas del incremento de los costes de producción como consecuencia de la invasión rusa de Ucrania, que ha provocado el encarecimiento de los precios de la energía y de las materias primas de determinados productos agrícolas, como los cereales y las oleaginosas, fundamentales no solo para la alimentación humana, sino también para la fabricación de piensos para la alimentación animal, así como de los fertilizantes. Además, las adversidades climáticas (prolongada sequía y temperaturas extremadamente altas) han perjudicado a los cultivos y motivado que haya cosechas inferiores a las habituales. Para hacer frente a esta situación, el Gobierno ha realizado un esfuerzo sin precedentes para ayudar al mantenimiento de la rentabilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas y de la flota pesquera. Ante esta situación, el Gobierno actuó con rapidez para adoptar a lo largo del año una serie de medidas que han servido para paliar los efectos de la crisis en el precio de los inputs en los sectores más afectados. Con las medidas aprobadas ayer en Consejo de Ministros -que entrarán en vigor en 2023- han sido tres decretos específicos de ayudas para hacer frente a las consecuencias de la guerra y otro, en marzo, para paliar los efectos de la sequía. En total, se han acordado ayudas directas que superan los 1.000 millones de euros, a los que hay que sumar las ayudas directas por 660 millones de euros que se habilitarán para 2023. El 29 de marzo, el primer real decreto-ley de respuesta a la guerra en Ucrania incluyó un paquete de ayudas directas por importe de 430 millones de euros para los sectores agrario y pesquero. De esta cantidad, el ministerio puso a disposición de los productores de leche 169 millones de euros en ayudas directas, ya que ha sido uno de los sectores más afectados por el incremento de los costes de la energía y de los piensos de alimentación animal. Asimismo, una segunda línea de ayudas directas, dotada de 193,5 millones de euros (de los que dos tercios proceden de ayudas estatales) se destinó a compensar las dificultades económicas de otros sectores, como los productores de carne de vacuno, ovino y caprino, carne de pollo y de conejo, y cítricos. Más de 136.000 ganaderos y citricultores han sido beneficiarios de estas ayudas. Para el sector pesquero se aprobó un paquete de ayudas de 68 millones de euros, 50 de los cuales financiados con fondos europeos. Al conjunto de estas ayudas se suman otras iniciativas como la rebaja en el coste del combustible, descuentos fiscales, exención de cánones y medidas de liquidez que han beneficiado al conjunto del sector agrario y pesquero. El 25 de junio, el segundo real decreto-ley, que prorrogó la rebaja de 20 céntimos en el precio del combustible, incluyó dos nuevas medidas valoradas en 72 millones de euros -60 millones para incrementar la línea de apoyo a la contratación de seguros agrarios y 12 millones para ampliar las líneas de financiación acordadas con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA)-. El tercer real decreto, aprobado ayer en Consejo de Ministros, prorroga la reducción del precio del combustible para uso agrario y pesquero -con un presupuesto de 240 y 120 millones de euros, respectivamente-, y habilita una línea de ayudas de hasta 300 millones de euros para la adquisición de fertilizantes, uno de los insumos que más se ha encarecido y que resulta fundamental para el rendimiento y productividad de los cultivos. Para paliar la situación de la sequía, el Gobierno estableció medidas coyunturales estimadas en unos 450 millones de euros, en los ámbitos fiscal, laboral, financiero e hidrológico, con el fin de contribuir al mantenimiento de la rentabilidad y sostenibilidad de las explotaciones agrarias. Paquete de ayudas públicas sin precedentes en 2022 para el sector agrario En total, el sector agrario ha dispuesto, en este 2022, de un paquete de medidas sin precedentes, con un impacto superior a los 1.000 millones de euros, entre ayudas directas y fiscales, para poder afrontar las dificultades derivadas de la guerra en Ucrania y para hacer frente a la pérdida de rentabilidad debido a la sequía. En materia fiscal, se ha aplicado la mayor reducción impositiva conocida hasta ahora en el sector. Solo la reducción en los módulos para la declaración del IRPF ha supuesto más de 1.000 millones de euros de ahorro en la base imponible (632 millones de euros de la rebaja generalizada del rendimiento neto, 384 millones de euros de la reducción de módulos por adversidades, 38 millones de euros del índice corrector de adquisición de piensos a terceros y 39 millones de euros del índice corrector de uso de electricidad para riego). En esta política de apoyo a un sector que desempeña un papel clave en la economía española, destaca el incremento de la línea de ayuda a la contratación de seguros agrarios, dotada ya con 317,7 millones de euros anuales. El último incremento de 60 millones de euros incluidos en el segundo decreto de medidas urgentes por la guerra en Ucrania aprobado en junio, permite incrementar en 10 puntos la subvención a la contratación de las pólizas, que en algunos casos puede llegar ya al 50 % del coste. Los seguros agrarios, una de las políticas emblemáticas del ministerio que sirve de ejemplo en algunos países comunitarios que trabajan en su implantación, constituyen la mejor garantía de agricultores y ganaderos para sus producciones, y más en un escenario de cambio climático en el que son crecientes los episodios de siniestralidad. Plan de recuperación, transformación y resiliencia A lo largo del año 2022, ha continuado el despliegue del componente del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) que gestiona el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), para lo que en esta segunda anualidad se han movilizado 450,5 millones de euros, que ratifican el compromiso del Gobierno con la mejora de la competitividad y el impulso de la modernización del sector agroalimentario. De esta cantidad, 303 millones corresponden al segundo convenio con la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias (Seiasa) para la ejecución de 40 actuaciones de modernización de regadíos. Con ello se completa la programación en este ámbito contemplada en el PRTR, 563 millones de euros en total, que supone su principal capítulo inversor, y que asciende a más de 700 millones de euros con la aportación privada. El regadío sostenible es la base del futuro de las producciones agrarias, con sistemas eficientes y de precisión que permitan el ahorro de agua e incorporen energías alternativas. Para impulsar la gobernanza y la eficiencia de las inversiones en regadíos, se han creado la Mesa Nacional del Regadío y el Observatorio de la Sostenibilidad del Regadío, recogidas en el PRTR, en los que participan todos los agentes interesados: administraciones públicas con competencias en agricultura, comunidades de regantes, organizaciones profesionales agrarias, organismos de investigación y asociaciones de protección del medio ambiente, entre otros. El ministerio ha distribuido entre las comunidades autónomas más de 147,5 millones de euros para inversiones en distintas líneas de ayudas contempladas en el PRTR. De ellos, 134,8 millones corresponden a agricultura de precisión, eficiencia energética, fomento de economía circular y energías y gases renovables, línea en la que se incluyen por ejemplo la modernización integral de invernaderos o la gestión de los residuos ganaderos. Los otros 12,7 millones corresponden a la línea de refuerzo de sistemas de capacitación y bioseguridad en viveros y en centros de limpieza y desinfección. A través del PRTR se ha contribuido a la investigación en materia pesquera, así como al fomento del desarrollo tecnológico y la innovación en el sector pesquero y acuícola, así como para el impulso del Crecimiento Azul en España y se ha contribuido a la modernización del sector mediante las convocatorias de ayudas para la digitalización del sector pesquero. Gracias al Plan de Recuperación se mejorará la monitorización de las Reservas Marinas de Interés Pesquero. Además, el 7 de febrero el Consejo de Ministros aprobó el Proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica (PERTE) del sector agroalimentario, que va a dotar de la financiación y de las líneas de actuación necesarias para emprender los cambios medioambientales, digitales, sociales y económicos a los que tendrá que hacer frente en la próxima década. cuenta con medidas gestionadas por los ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación; de Industria, Comercio y Turismo; de Asuntos Económicos y Transformación Digital; así como del de Ciencia e Innovación. Está dotado con un presupuesto total de más de 1.800 millones de euros. Iniciativas legislativas Durante el año 2022 se ha avanzado en la aplicación de la nueva ley de la cadena alimentaria, que entró en vigor el 15 de diciembre de 2021, y que ha resultado muy oportuna porque ha facilitado que, en contra de lo que ha ocurrido en situaciones anteriores de crisis, en esta ocasión el peso no recaiga en exclusiva sobre las espaldas de los productores primarios, los agricultores y ganaderos, que tienen garantizado por ley que en el precio de venta de sus producciones se repercutan los costes de producción. A partir de 2023 estará operativo el registro electrónico de contratos en el que será obligatorio inscribir todos los contratos que se realicen en la cadena alimentaria. Igualmente se ha constituido el comité de cooperación de las autoridades de ejecución entre la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA) y las comunidades autónomas que debe velar por el cumplimiento de la ley. En materia normativa, se ha avanzado en otros dos proyectos de ley esenciales que formaban parte del programa de legislatura y con los que el Gobierno cumple sus compromisos adquiridos: la Ley de Pesca Sostenible e Investigación Pesquera y la Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, que tras su aprobación en segunda lectura por el Consejo de Ministros se encuentran actualmente en proceso de tramitación parlamentaria. En el último Consejo de Ministros del año, ayer, se aprobó en primera lectura el anteproyecto de ley de modernización del control y la inspección y la lucha contra la pesca ilegal, que inicia ahora su procedimiento de consultas con el sector y las comunidades autónomas.
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