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El Gobierno ha aprobado el proyecto de ley sobre el sistema de gestión de la PAC, que se tramitará por vía de urgencia para que entre en vigor el 1 de enero de 2023
El ministerio ha arbitrado distintas medidas de apoyo para que los sectores agrario y pesquero puedan afrontar el encarecimiento de los costes de producción como consecuencia de la invasión rusa de Ucrania
También se han adoptado medidas para afrontar dificultades coyunturales como la sequía y la erupción del volcán de La Palma
La culminación de los trabajos del Plan Estratégico Nacional para la aplicación de la Política Agraria Común (PAC) en España; las medidas de apoyo a los sectores agrario y pesquero para hacer frente al incremento de costes de producción como consecuencia de la invasión rusa de Ucrania; y la aprobación en Consejo de Ministros de los proyectos de ley de pesca sostenible y contra el desperdicio alimentario han sido algunos de los compromisos más relevantes cumplidos por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en el primer semestre de 2022. Los agricultores y ganaderos españoles ya tienen garantías de que la nueva PAC podrá entrar en vigor el 1 de enero de 2023, después de que el pasado 18 de julio la Comisión Europea anunciara la aprobación política del Plan Estratégico. España está en el paquete de los primeros cinco países que han sido autorizados a enviar el documento definitivo de sus planes nacionales sobre la PAC para su aprobación formal en las próximas semanas. Ello ha sido posible después de los intensos trabajos realizados en los últimos meses por el ministerio en coordinación con las comunidades autónomas, las organizaciones sectoriales y los servicios técnicos de la Comisión Europea para dar cumplimiento a las observaciones que ésta hizo en marzo al Plan Estratégico Nacional presentado el 29 de diciembre de 2021. El anuncio de la aprobación del plan español despeja el horizonte para que los agricultores y ganaderos puedan disponer hasta 2027 de un volumen total de ayudas de 47.724 millones de euros, un respaldo fundamental para afrontar los retos ambientales, económicos y sociales que tiene ante sí el sector. El plan estratégico español tiene como objetivos principales mejorar la rentabilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas; favorecer el necesario relevo generacional y la incorporación de la mujer; procurar una producción de alimentos más sostenible que consuma menos recursos naturales y preserve la biodiversidad; e impulsar la innovación y la digitalización de la actividad agraria. Para hacer posible la aplicación de la PAC, en este primer semestre del año el Gobierno ha aprobado también un proyecto de ley que se tramita por vía de urgencia y que contiene cuestiones fundamentales como los sistemas de control y gestión para posibilitar un desarrollo homogéneo de la reforma en el conjunto del territorio nacional. El paquete legislativo necesario se completa con 18 decretos leyes, algunos de los cuales ya se encuentran en tramitación, y otros en elaboración. Apoyo a los sectores agrarios y ganaderos frente al incremento de costes Entre los principales hitos de la gestión del MAPA en el primer semestre de 2022 cabe destacar las medidas de apoyo a los sectores agrario y pesquero para dar respuesta a situaciones coyunturales que les suponen serias dificultades como consecuencia de la invasión rusa de Ucrania, traducida en un incremento de los costes de producción, la sequía y la erupción del volcán de La Palma. El 22 de marzo, el Gobierno aprobó un paquete específico de ayudas directas para el sector primario de 430 millones de euros, que se suman a medidas horizontales como la reducción de 20 céntimos por litro en el precio de los carburantes. Para el sector lechero, el más vulnerable por el encarecimiento de los costes, de arbitraron ayudas de Estado por 169 millones de euros. El resto del paquete, con parte de financiación europea, se completa con 193,43 millones de euros para sectores cárnicos y cítricos, y 68,18 millones de euros para el sector pesquero. El 25 de junio, en el decreto de prórroga de las medidas de choque para hacer frente a la situación, se incluyeron 72 millones de euros más específicamente para el sector primario: la ampliación en 60 millones de euros de la línea de apoyo público a la contratación de seguros agrarios y en 12 millones de euros de los instrumentos de financiación favorables para empresas agroalimentarias. Para ayudar a afrontar la situación de sequía, y después de la reunión de la Mesa Nacional celebrada el 4 de marzo, el Gobierno aprobó un decreto ley con medidas en los ámbitos fiscal, laboral, financiero e hidrológico cuantificadas en unos 450 millones de euros, y que suponían una reducción del 20 % en la tributación del sistema de módulos del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Iniciativas legislativas En el ámbito legislativo, en el primer semestre de 2022 el Consejo de Ministros ha aprobado y remitido a las Cortes para su tramitación parlamentaria dos de los proyectos de ley que forman parte de los objetivos prioritarios de la legislatura: la Ley de Pesca Sostenible e Investigación Pesquera y la de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario. La ley de pesca sostenible tiene como objetivos principales fortalecer la conservación y el uso sostenible de los recursos pesqueros, procurar que esta actividad contribuya a la creación de empleo, generación de riqueza y la cohesión social de las zonas costeras, y reforzar el vínculo entre la ciencia y la acción política en la materia. Entre las principales novedades de esta ley, que actualiza la normativa actual que ha superado los 20 años de vigencia, cabe destacar que por primera vez se regulan cuestiones como la gestión de los recursos genéticos pesqueros y la pesca de recreo en aguas exteriores. Igualmente acomete cuestiones sociales como la introducción de coeficientes reductores para la edad de jubilación en actividades pesqueras de riesgo para la salud y que son desempeñadas mayoritariamente por mujeres como las mariscadoras de a pie, rederas, neskatillas y empacadoras. En materia pesquera se ha aprobado también el real decreto por el que se regula el ejercicio de la pesca en los caladeros nacionales peninsulares, con el que se refuerza el liderazgo mundial de España en la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada. La ley contra el desperdicio alimentario es la primera regulación sobre esta materia que se promulga en España, con el objetivo de reducir el desecho a la basura de alimentos sin consumir y favorecer un mejor aprovechamiento de éstos. Durante el año 2020, los hogares españoles tiraron a la basura 1.364 millones de kilos/litros de alimentos, una media de 31 kilos/litros por persona, lo que supone una pérdida de 250 euros por persona. La ley pretende regular y concienciar para dar respuesta a una necesidad social. Establece una jerarquía de usos para evitar el desperdicio de alimentos a lo largo de las distintas fases de la cadena, desde la producción hasta el consumo en hogares y establecimientos, que da preferencia al consumo humano. Para ello se fomenta la donación a bancos de alimentos y entidades de carácter social. La ley está en línea con la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas, que plantea la reducción a la mitad del despilfarro alimentario en el año 2030. También se ha aprobado, en Conferencia Sectorial con las comunidades autónomas y por unanimidad, la Estrategia Nacional de Gestión Cinegética, cuyo objetivo principal es fomentar una actividad sostenible, que permita el equilibrio entre la conservación de la biodiversidad, una gestión ecosistémica adecuada, el control de las poblaciones cinegéticas y la generación de riqueza en el medio rural. PERTE Agroalimentario En el ámbito del impulso a la modernización del sector y de la aplicación de los fondos New Generation de la Unión Europea, el Gobierno ha aprobado el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) del sector agroalimentario, para apoyar el crecimiento económico sostenible y la digitalización de éste y fomentar la cohesión territorial. Dotado con un presupuesto total de 1.800 millones de euros, el PERTE agroalimentario se basa en tres ejes prioritarios, que abordan actuaciones transformadoras sobre la cadena de valor industrial, medidas de apoyo a la digitalización del sector agroalimentario y a la investigación científica. Estas líneas van acompañadas de medidas complementarias o facilitadoras que actuarán de una forma integrada para incrementar el impacto de las actuaciones y así promover la transformación hacia un sistema agroalimentario más sostenible y digital.
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