El presupuesto consolidado del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ascenderá a 8.496,2 millones de euros en 2021, lo que supone un aumento del 10,47 % con respecto al 2020.
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha destacado que este presupuesto está enfocado a impulsar la competitividad y la sostenibilidad del sector agrario, pesquero e industria agroalimentaria.
Se trata de unas líneas de financiación destinadas a potenciar la digitalización e innovación, un regadío eficiente, el relevo generacional y la presencia de la mujer en el rural, así como un sector agrario y pesquero más sostenible. De esta forma, se desarrollarán las posibilidades de crecimiento que contribuirán a fortalecer el tejido productivo y económico a través de un apoyo decidido al sector agroalimentario.
Son unos presupuestos que garantizarán la creación de condiciones para promover un medio rural vivo, dinámico, poblado y atractivo para los jóvenes, las mujeres y el talento.
Se contemplan actuaciones de apoyo a la formación y el emprendimiento de jóvenes y mujeres en el medio rural, así como medidas concretas para facilitar la adaptación y transición digital del sector agroalimentario y del medio rural.
Para reforzar la consecución de estos objetivos, en el presupuesto del ministerio para 2021 se integra una partida de 406,5 millones de euros del Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Producciones agroalimentarias y regulación de mercado
En materia de producción agraria, los principales objetivos son la mejora de la competitividad y la sostenibilidad de las explotaciones agrícolas y ganaderas para que sean cada vez más respetuosas con el medio ambiente y más eficientes en el uso de recursos naturales.
El presupuesto aumenta el 247,23 % frente al anterior, hasta los 155,85 millones de euros. Destaca un incremento del 19,3 % de la partida para la renovación del parque de maquinaria agrícola, que contará con 9,5 millones de euros, de los que 6,5 millones de euros se destinarán a subvenciones y 3 millones de euros a la bonificación de créditos.
A la mejora de la competitividad de la industria y la calidad alimentaria se dedicarán 25,11 millones de euros, cuantía destinada a hacer de la calidad de los productos una seña de identidad y a favorecer la existencia de empresas agroalimentarias y cooperativas más grandes, eficientes y sostenibles. Destaca el aumento de la partida destinada a la promoción alimentaria. La estrategia de #alimentosdespaña está dotada con cerca de 9,7 millones de euros para apoyar la promoción en el mercado nacional y en el exterior.
En este mismo capítulo se potencia la labor de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), como organismo referente en el control de las relaciones comerciales, para lo que se ha aumentado la partida el 31,83 %, hasta 8,26 millones de euros.
Dentro del programa de regulación de los mercados agrarios, las ayudas del Fondo Europeo Agrícola de Garantía Agraria (FEAGA) apoyarán al sector agrario y alimentario con unos 5.793 millones de euros, un 2 % más con respecto al año anterior. En este contexto las grandes partidas de gasto siguen siendo las ayudas directas desacopladas y asociadas que constituyen un apoyo fundamental a la renta de los productores agrarios, los programas nacionales de apoyo al sector vitivinícola y apícola y los programas operativos de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas.
En este ámbito es importante señalar el esfuerzo adicional en materia de sanidad animal y vegetal, con un incremento del presupuesto superior al 11 %. Cada vez es más evidente que la competitividad de las producciones y su mejor posicionamiento en los mercados pasa por mantener elevados estándares de sanidad. El ministro ha destacado que “los gastos en sanidad siempre deben ser considerados no como un coste, sino como una inversión.”
Desarrollo del medio rural
El presupuesto contempla una partida destinada a la financiación por parte de la Administración General del Estado de los programas de desarrollo rural cofinanciados por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y el presupuesto de las comunidades autónomas, contribuyendo de esta forma a la ejecución de los programas de desarrollo rural autonómicos en todo el territorio nacional, en los cuales está previsto que se gasten más de 1.365 millones de euros provenientes de dicho fondo, un 20 % superior al presupuesto inicial del año previo. Asimismo, se produce un incremento de 10 millones de euros en la cofinanciación nacional del Programa Nacional de Desarrollo Rural, un 75 % más.
Como novedad, el proyecto de presupuestos incluye una nueva línea de ayudas para desarrollar el programa de acciones formativas para jóvenes agricultores en explotaciones modelo, dotada con 1 millón de euros. Así, se pondrá en marcha un nuevo programa de visitas y estancias para mejorar las capacidades y conocimientos técnicos de jóvenes agricultores y ganaderos. El objetivo: facilitar el relevo generacional, además de la competitividad y sostenibilidad a largo plazo de las explotaciones agrarias.
También se incorpora una nueva línea de apoyo a mujeres emprendedoras, con un presupuesto de 500.000 euros para contribuir al desarrollo de iniciativas empresariales de mujeres rurales y visibilizar el importante papel que desempeñan en el territorio.
La partida destinada a las actividades que desarrolla la Red Rural Nacional, entre ellas, la ejecución de su plan de acción y la nueva la campaña de comunicación del departamento para destacar en la sociedad la importancia del sector agroalimentario y del medio rural, se incrementa en 2,6 millones de euros hasta un montante total de 4,75 millones de euros.
Aumenta la partida de gasto dedicada a la gestión de los recursos hídricos para el regadío, la ejecución de los caminos naturales y otras infraestructuras rurales, con un total de 59,55 millones de euros. De esta forma, el Gobierno acometerá nuevas inversiones en regadíos sostenibles, que generan valor añadido y fijan población en el territorio. También se amplía el programa de caminos naturales para vertebrar el territorio, generar empleo y actividad económica.
El presupuesto recoge actuaciones concretas de apoyo a la transformación digital y la adquisición de habilidades y herramientas digitales en el ámbito agroalimentario, así como una nueva línea de apoyo a las pequeñas y medianas empresas agroalimentarias en colaboración con Empresa Nacional de Innovación (ENISA), con una dotación de 13 millones de euros, procedentes, también, de las ayudas previstas para el sector agroalimentario en el plan de recuperación, transformación y resiliencia de la economía española, en línea con la “Estrategia de Digitalización del Sector Agroalimentario y Forestal y del Medio Rural”.
Pesca
En lo que se refiere a la política pesquera, suben un 35 % los fondos destinados al programa de protección de los recursos pesqueros y el desarrollo sostenible, hasta algo más de 25,3 millones de euros, para reforzar el conocimiento científico en la toma de decisiones y en línea con otro de los objetivos de la Política Pesquera Común, la sostenibilidad socioeconómica del sector.
Además del esfuerzo en campañas de investigación y labores de refuerzo de la observación científica, hay que destacar el mantenimiento del compromiso para la modernización y ampliación de la Red de Reservas Marinas de Interés Pesquero, así como la apuesta por el establecimiento de un programa de apoyo ambicioso a la investigación pesquera y acuícola
El programa de mejora de las estructuras y mercados pesqueros, dotado con unos 49,5 millones de euros, el 21,5 % más frente al presupuesto anterior, contempla el impulso a las organizaciones de productores pesqueros, el apoyo financiero a las paradas temporales en el marco del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), las inversiones en materia de control y vigilancia pesquera o el desarrollo de la acuicultura a través de planes nacionales de cultivos.
Este año, como novedad, se incorporan medidas de apoyo a la digitalización e innovación, así como un instrumento específico de 10 millones de euros, que será gestionado por la Sociedad Anónima Estatal de Caución (SAECA) para poner en marcha un fondo de reafianzamiento que facilite el acceso a la financiación de los sectores pesqueros y acuícola.
La lucha contra la pesca ilegal y las actividades de control mantienen sus disponibilidades presupuestarias. En particular se dota a los medios aéreos, marítimos y terrestres de los recursos suficientes para su operatividad y mejora de su eficacia, además se destinarán inversiones para la incorporación de nuevas tecnologías a estas acciones.
También se realizarán proyectos para mejorar la competitividad del sector, así como para optimizar su conectividad y las condiciones a bordo, además de para favorecer la incorporación de nuevas herramientas de verificación de sus capturas y mejoras en la eficiencia energética de los buques.
Seguros agrarios
Los seguros agrarios continúan como una de las principales políticas del ministerio. Según el ministro Luis Planas “son un pilar fundamental de la política agraria de este país, vital para el mantenimiento de las rentas y de la viabilidad económica de las explotaciones”, sobre todo, en un contexto como el actual en el que los fenómenos naturales adversos, como consecuencia del cambio climático, son cada vez más frecuentes.
El presupuesto previsto para subvencionar el seguro agrario en el Plan 2021 asciende a 251,2 millones de euros, un 18,96 % superior a la cifra aprobada en los últimos cinco años (211,2 millones de euros desde 2016).
Este incremento permitirá importantes mejoras en el seguro agrario, demandadas por el sector agrario. Entre ellas, subvencionar los recargos del seguro aplicados por una elevada siniestralidad, incrementar en 10 puntos la subvención adicional a los agricultores jóvenes; conceder subvenciones adicionales en la línea de compensación por pérdida de pastos; e incrementar un 6 % la subvención base del seguro complementario, que pasa del 7 al 13 %.
El ministro Luis Planas ha remarcado que los presupuestos generales del Estado para 2021 tienen un carácter excepcional, tanto por el contexto de pandemia en que se aprueban, como por el volumen de inversión pública que movilizan, que es el más ambicioso de la historia democrática.