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22 de marzo del 2021

Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la UE, en Bruselas

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En materia de pesca, Planas considera que las consultas con el Reino Unido deben dotar de certidumbre a los pescadores y mantener una defensa ineludible de los principios de la Política Pesquera Común (PPC)

Para apoyar al sector del vino, España pedirá a la Comisión que se habiliten fondos extraordinarios adicionales a los del Programa de Apoyo al Sector del Vino

 

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, participa en el Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la Unión Europea, que tiene lugar hoy y mañana en Bruselas, en el que se analizará el estado de situación de los planes estratégicos nacionales, así como de los tres Reglamentos de la reforma de la Política Agraria Común (PAC) que actualmente están en proceso de debate en el Parlamento Europeo. También se debatirá sobre las posibilidades de pesca entre la UE y el Reino Unido para 2021 y de poblaciones de aguas profundas para 2021 y 2022.

 

El ministro Planas considera que el diálogo estructurado, entre los distintos Estados miembros con la Comisión Europea, es un elemento imprescindible en la elaboración de los planes estratégicos, sobre todo en lo que se refiere a la consideración de las recomendaciones y objetivos del “Pacto verde” que se establecen a nivel de la Unión Europea. “Es imprescindible este cambio de impresiones para que los Estados miembros podamos avanzar”, con certidumbre y seguridad, en la elaboración del Plan estratégico nacional.

 

El nuevo Plan estratégico, según Planas, es una oportunidad para que los Estados miembros enfoquen las intervenciones de la PAC hacia aquellas medidas identificadas como prioritarias por España para que sean más eficaces.

 

España comparte el contenido de las 17 recomendaciones efectuadas por la Comisión para la elaboración del Plan Estratégico nacional, de las que 16 se corresponden con necesidades ya identificadas y altamente priorizadas en el análisis realizado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. La recomendación restante hace referencia a la cobertura de la banda ancha en todo el territorio nacional para 2025, que también se incorporará al Plan Estratégico, y que ya estaba incluida por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital en la Estrategia España Digital 2025.

 

Según ha recalcado el ministro, el procedimiento de aprobación de los planes estratégicos solo puede evaluarse sobre la base de actos jurídicos vinculantes para los Estados miembros, “no solo de propósitos o de intenciones de la Comisión, sino sobre la base de referencias con base legal”. Además de la aprobación de la Comisión, Planas considera necesario un debate político en el seno del Consejo para asegurar la igualdad de condiciones en el proceso de aprobación de los planes estratégicos.

 

REGLAMENTOS DE LA PAC

En relación con los Reglamentos de la PAC, en lo que respecta al debate acerca de si la definición de agricultor genuino debe ser o no obligatoria para los Estados miembros, el ministro ha recordado que España tiene la intención de aplicar esta definición.

 

Por lo que se refiere a la evaluación del rendimiento, el ministro ha puntualizado que la futura PAC está basada en la consecución de objetivos específicos y que la medición de su consecución a través de una evaluación de rendimiento, debe ser lo más sencilla posible. “No tendría sentido plantear una doble capa de control”, teniendo en cuenta que esta reforma tiene por objetivo la simplificación.

 

Y sobre la cuestión de la condicionalidad social, ha asegurado que España está abierta a considerar las cuestiones que se pongan sobre la mesa, pero siempre que no suponga una carga suplementaria para agricultores y ganaderos, y que “no se ponga en tela de juicio su reputación”.

 

En el ámbito de la Organización Común de Mercados Agrarios (OCMA), el ministro defiende una mayor ambición en lo relativo a las intervenciones y en la reciprocidad en el uso de los productos fitosanitarios en relación con los acuerdos comerciales con terceros países. En el marco de la OCMA, Planas ha recordado que España ya ha logrado que el Acuerdo del Consejo de octubre contemple que las autorizaciones para nuevas plantaciones de viñedo (hasta un máximo de incremento anual del uno por ciento) se mantengan hasta el año 2040. España apoya alcanzar un acuerdo con el Parlamento Europeo para establecer un año de finalización que pueda estar comprendido entre 2040 y 2050.

 

En relación con la difícil situación del sector vitivinícola, afectado por las restricciones en el canal Horeca, España va a solicitar a la Comisión Europea que se establezcan fondo adicionales para para las medidas de crisis más allá de los fondos del Programa de Apoyo al Sector Vitivinícola (PASVE), destinados a medidas para modernizar el sector y aumentar su competitividad. Planas pedirá que se establezcan fondos adicionales haciendo uso de los márgenes presupuestarios de la PAC que previsiblemente no se ejecutarán durante el presente ejercicio. A esta petición española se han sumado otros 13 Estados miembros, a los que se acaba de sumar Alemania.

 

Otra de las cuestiones de debate en el Consejo será el control de plagas y la lucha biológica, donde la Comisión pone el acento en el mecanismo de detección temprana. España es uno de los países más interesados en que esta lucha contra las plagas se ejecuten de manera armonizada a nivel de la Unión Europea. El ministro ha señalado la importancia de la detección precoz de plagas y enfermedades de las plantas y ha puesto de manifiesto la importancia de los planes de prevención y de las inversiones que realizará el Ministerio para modernizar los laboratorios de sanidad animal y vegetal dependientes de su departamento.

 

BREXIT, NUEVA PRÓRROGA

En el capítulo pesquero, las negociaciones con Reino Unido y los totales admisibles de capturas (TAC) centrarán las conversaciones entre los ministros del ramo. Ante la posibilidad de que la Comisión no alcance un acuerdo para el 31 de marzo, se ha propuesto una prórroga del acuerdo de diciembre hasta el 31 de julio próximo. España apoya que se realice ya sobre los hipotéticos TAC definitivos para el año 2021, y no de acuerdo con los de 2020, como se hizo en diciembre para los tres primeros meses de este año.

 

Planas considera que en las consultas con el país británico han de prevalecer dos cuestiones fundamentales: la de dar cuanto antes claridad y certidumbre a los pescadores de la UE y una defensa ineludible de los intereses de la Unión y de los principios de la Política Pesquera Común.

 

El ministerio considera, además, que no se debe renunciar a que las reglas de juego sean las mismas para las flotas europeas y británica y, en este sentido, el ministro ha mostrado su preocupación por la pretensión de Reino Unido de favorecer soluciones unilaterales en determinadas situaciones. “Hay líneas que no se pueden traspasar”, ha señalado.

 

AUMENTO DE CUOTAS

Por otro lado, España va a defender un aumento de cuotas en varias pesquerías de interés para el país.

 

Así, y debido a la marcada estacionalidad de la pesca de gallos rapes en la zona 6, solicitará una cuota superior a mero prorrateo para siete meses. Y lo mismo para el rape de la zona 7, no por la estacionalidad de la pesquería, sino por la escasa cuota que España tiene de este stock, que en años normales soluciona con intercambios, pero que en esta ocasión será difícil por la incertidumbre que genera que las negociaciones con Reino Unido no estén todavía cerradas.

 

La gran prioridad de España, en todo caso, es mantener las cuotas de besugo en las zonas 6, 7 y 8, algo en lo que cuenta con el apoyo de la Comisión y que así figura en la propuesta de prórroga que se debate estos dos días.

 

Por último, y en lo que se refiere al bacalao del mar Céltico, para el que la flota española no tiene asignación propia, Planas defenderá un TAC superior al que figura en la propuesta de prórroga, ya que el sistema de bolsas por el que España se beneficia del stock se ha visto limitado tras la salida británica de la UE.

 

España apoyará, por otro lado, la intervención francesa relativa a las denominadas Cartas de Oporto, en virtud de las cuales Noruega debe garantizar determinadas cuotas de bacalao ártico a cambio de su vinculación al Espacio Económico Europeo.

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