La Comisión Permanente de Adversidades Climáticas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha retomado sus trabajos para analizar la evolución de la sequía y su impacto en el sector agrario. En el encuentro, continuación del celebrado el pasado 12 de abril, se ha informado de las medidas que está adoptando el Ministerio para ayudar a hacer frente a los efectos de la falta de lluvias.
A la reunión han acudido representantes de los ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación y de Transición Ecológica, así como de las cooperativas y de las organizaciones profesionales agrarias. Han compartido información sobre el impacto de la escasez de precipitaciones y de las oscilaciones térmicas de este año sobre los sectores productivos para identificar las necesidades y demandas del sector.
De acuerdo con la información aportada por el MITECO, se ha hecho un repaso de la situación de los indicadores de escasez en las distintas cuencas hidrográficas.
En la mayoría de las cuencas no se esperan problemas significativos para la campaña de riego y se están aplicando las medidas recogidas en los respectivos planes de sequía.
No obstante, destaca la del Duero, en la que se centran los principales problemas, sobre todo, en las zonas del Adaja, Cega y Alto Tormes que se hallan en situación de sequía extraordinaria por lo que hay que aplicar restricciones y turnos en los regadíos. En el Guadiana y en el Segura también ha sido necesario reducir la dotación en alguna zona regable.
Seguro agrario, medida que garantiza las rentas frente a las adversidades
La principal medida destinada a garantizar las rentas de las explotaciones afectadas por siniestros son los seguros agrarios, que cuentan con un apoyo público presupuestario inicial del Ministerio de 211 millones de euros.
Las estimaciones dan una superficie siniestrada de cereales de casi 1 millón de hectáreas que supondrán una indemnización cercana a los 100 millones de euros. En cuanto a los pastos, se prevé una indemnización de 13 millones de euros, en el primer semestre.
Los cultivos más afectados han sido los cereales de invierno y los pastos, con daños importantes en Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Navarra y Aragón.
Desde la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA) se ha señalado que se está en contacto permanente con la Agrupación Española de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados (Agroseguro) para agilizar al máximo las peritaciones e indemnizaciones del seguro agrario.
En las zonas de mayor siniestralidad se está reforzando el número de peritos trabajando, en estos momentos cerca de 350 peritos están realizando labores de tasación para poder adelantar el pago de indemnizaciones.
Medidas para paliar los efectos de la sequía
Respecto a las posibles medidas a adoptar más allá del seguro agrario, desde el Ministerio han anunciado que ya se ha solicitado a la Comisión la adopción de varias.
Así, se ha pedido el incremento en el porcentaje de las ayudas directas y de desarrollo rural, del 50 al 70 % en el primer caso y hasta el 85 % en el segundo, que se podrán pagar en forma de anticipo a partir del próximo 16 de octubre.
Esta medida puede suponer el pago de más de 3.430 millones de euros de la PAC de manera anticipada frente a los 2.450 que se pagarían si se mantuviera el anticipo de las ayudas directas al 50 %.
También se ha pedido una excepción en la aplicación del pago verde o “greening” para que se puedan pastar los barbechos no productivos que se declaran como superficies de interés ecológico. Esta medida permitirá, en parte, aliviar el problema derivado de la sequía en las producciones ganaderas extensivas. Fue una medida que también se solicitó durante la sequía del año 2017 y ese año se utilizaron más de 116.000 hectáreas en 7 comunidades autónomas.
Además, hay otras medidas de flexibilización en las condiciones para el cobro de las ayudas directas y de las medidas agroambientales de los programas de desarrollo rural que sí podrían aplicarse localmente por parte de las comunidades autónomas, mediante la utilización de la cláusula de fuerza mayor en aquellas zonas en las que la situación sea extrema.
En materia de fiscalidad, se ha apuntado que para los que tributan por módulos (estimación objetiva) se revisarán los índices de las producciones y zonas afectados por la sequía de acuerdo a los informes que elaboren al efecto las comunidades autónomas. Se tratarán en 2020 sobre el ejercicio fiscal 2019.
En financiación, el MAPA ha recordado que la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA) ofrece a los titulares de explotaciones agrarias las mejores condiciones que el mercado gracias a los convenios que tienen firmados con las entidades financieras.