Se trata de cuatro contribuciones voluntarias que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación realiza para apoyar la actividad de organizaciones internacionales en los ámbitos agrícola, ganadero, y pesquero
El Consejo de Ministros ha autorizado hoy al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a realizar cuatro contribuciones que suman un total de 141.200 euros a distintos organismos y programas internacionales de carácter agrícola, ganadero y pesquero, que se consideran de interés para España. El ministerio realiza regularmente contribuciones voluntarias a diversas organizaciones, programas y fondos internacionales dedicadas al desarrollo de recursos agrícolas, ganaderos, pesqueros y de la industria agroalimentaria y de la alimentación. Estas contribuciones se justifican por su conveniencia y oportunidad para apoyar la actividad de estas organizaciones, que son de interés para España, porque constituyen herramientas para el impulso de las prioridades del ministerio en el exterior y de su posición en las mismas. En el ámbito de la pesca, se destinan 6.000 euros al Consejo Consultivo de Acuicultura. Este Consejo entró en funcionamiento en virtud de la Política Pesquera Común (PPC). Su fin es favorecer la participación del sector pesquero en la elaboración y gestión de la PPC, presentando a la Comisión Europea y a los Estados miembros interesados recomendaciones y sugerencias sobre esta política comunitaria, a través del asesoramiento generado en la Asamblea General y el Comité Ejecutivo por sus tres grupos de trabajo sobre Peces, Mariscos y Horizontales. También informa a la Comisión y a los Estados miembros acerca de problemas relativos a la gestión y a los aspectos socioeconómicos de la acuicultura en sus zonas geográficas o ámbitos de competencia respectivos, y propone soluciones para resolverlos. A los Sistemas Importantes del Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM) se realiza una aportación de 75.000 euros. Esta iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) se destina a promover y garantizar el futuro de esos sistemas, que proporcionan una combinación de servicios sociales, culturales, ecológicos y económicos a la humanidad. SIPAM promueve la toma de conciencia y el reconocimiento de la importancia de estos sistemas, a nivel nacional e internacional; la salvaguarda de los bienes y servicios sociales, culturales, medioambientales y económicos que estos sistemas proveen; la capacitación de las comunidades locales que los gestionan y la promoción de políticas y regulaciones favorables. Estas áreas sostienen altos niveles de biodiversidad agrícola y son manejadas a través de sistemas de conocimiento y prácticas culturales tradicionales que promueven sostenibilidad, resiliencia al cambio climático y equidad social. De momento, existen 72 sistemas reconocidos en 23 países localizados en África, Asia, Europa y América. España cuenta con cinco espacios, lo que la convierte en líder en la región europea en reconocimientos de SIPAM, y tercera a nivel mundial, tras China y Japón. La “Iniciativa 4 por 1000” recibe 20.200 euros. Esta Iniciativa se estableció en la Conferencia de la Naciones Unidas sobre Cambio Climático de París (COP 21), con el objetivo aumentar el contenido de carbono orgánico de los suelos para que éstos se conviertan en sumideros de carbono, mitiguen el cambio climático y mejoren su resiliencia y, por tanto, la adaptación a los escenarios futuros de cambio climático. Además, la iniciativa tiene la ventaja de generar otros beneficios adicionales, como disminuir la desertificación y la erosión de los suelos y conservar la biodiversidad, aspectos muy importantes para el Reino de España. Al Sistema de Información de Mercados Agrícolas (AMIS) se contribuye con 40.000 euros. AMIS es una plataforma interinstitucional lanzada en 2011 por los ministros de Agricultura de los países del G-20, a raíz de los fuertes incrementos en los precios de los principales productos agrícolas que tuvieron lugar en las campañas 2007/08 y 2010. Aúna a los países más importantes en materia de comercio de los principales productos básicos agrícolas, y realiza una valoración de la oferta mundial centrándose en el análisis del trigo, el maíz, el arroz y la soja, proporcionando así una plataforma de coordinación de la acción política en tiempos de incertidumbre de los mercados.
Su finalidad principal es aumentar la transparencia de los mercados y, por consiguiente, reducir la volatilidad de los precios. Al mismo tiempo, promueve una acción política en favor de la seguridad alimentaria, especialmente en situaciones de crisis, como la sanitaria por la Covid-19 y el actual contexto ocasionado por el conflicto bélico en Ucrania. Todo esto tiene una gran importancia para España, dado que el país es netamente deficitario y tiene una fuerte dependencia de las importaciones de productos básicos para abastecer una importante producción ganadera, base fundamental de todo un entramado industrial, tanto de elaboración de piensos como de productos cárnicos.