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10 de marzo del 2022
REUNIÓN DE LA COMISIÓN GENERAL DE ENESA, EN LA SEDE DEL MAPA
Galería multimediaLas medidas buscan garantizar la solvencia del sistema y evitar una subida del coste de las pólizas a los asegurados que podría alcanzar los 27 millones de euros anuales
La contratación de seguros agrarios alcanzó una cifra récord en 2021, con un capital asegurado de 15.620 millones de euros, un 2 % más que en 2020
La comisión general de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA) ha conocido hoy en una reunión extraordinaria las medidas impulsadas por el Gobierno para garantizar la estabilidad del sistema de seguros agrarios ante un escenario de creciente siniestralidad, y con las que se evitará un incremento en los costes de las pólizas que podría ascender a un total de 27 millones de euros anuales. La reunión ha estado presidida por el subsecretario de Agricultura, Pesca y Alimentación y presidente de ENESA, Ernesto Abati García-Manso, quien ha informado del mecanismo de protección complementario, junto con representantes de la dirección general de Seguros y Fondos de Pensiones y del Consorcio de Compensación de Seguros (CGS). Este mecanismo será aprobado por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, departamento competente en esta materia. El seguro agrario cuenta con un instrumento fundamental para garantizar su viabilidad, elreaseguro del Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) y de las entidades aseguradoras, cuya finalidad es cubrir las indemnizaciones derivadas de los excesos de siniestralidad que puedan producirse en un año determinado. La frecuencia de situaciones climatológicas adversas debida al cambio climático ha generado un importante incremento de la siniestralidad. Así, en los más de cuarenta años de historia del seguro agrario, los cuatro ejercicios de mayor siniestralidad se concentran en la última década, y tres de ellos en los últimos cinco años (2012, 2017, 2018 y 2021). No obstante, el seguro agrario ha demostrado su solvencia y eficacia, gracias al mecanismo de reaseguro, que ha permitido abonar con normalidad las indemnizaciones correspondientes a los asegurados, que en cada uno de estos cinco años han superado los 700 millones de euros. Sin embargo, la desfavorable coyuntura de siniestralidad ha provocado que la reserva de las entidades no haya podido dotarse de manera adecuada en los últimos ejercicios, ya que todo o parte del recargo de seguridad cobrado en póliza y que se destina a la reserva ha debido utilizarse para el pago de indemnizaciones en cada año. Tanto el reglamento de desarrollo de la Ley de Seguros Agrarios Combinados como la legislación general sobre ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras, establecen la necesidad de constituir una reserva suficiente para afrontar el exceso de siniestralidad. En este sentido, la necesidad de dotar adecuadamente la reserva a través del recargo cobrado en las pólizas implicaría un incremento del coste de las primas del seguro, variable en función del capital asegurado, pero que podría alcanzar los 27 millones de euros anuales, si se toma como referencia los recargos cobrados antes de 2012, año en el que se produjo una bajada de éstos. Ante esta situación, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, junto con el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, a través de la dirección general de Seguros y Fondos de Pensiones y del Consorcio de Compensación de Seguros, han estudiado distintas alternativas con el fin de garantizar la suficiencia de esta reserva, pero sin que se produzca un incremento en el coste de las pólizas de seguro. La medida adoptada complementará, mediante una segunda capa de protección, el actual esquema del reaseguro, de manera que el Consorcio de Compensación de Seguros asuma una mayor siniestralidad mientras los niveles de reserva permanezcan en niveles bajos. De esta manera, se logrará dar estabilidad al sistema sin que repercuta en el coste final del seguro. El sistema del seguro agrario constituye, desde 1978, un pilar fundamental para el sector primario de nuestro país, actuando como instrumento de garantía de la rentabilidad de las explotaciones agrarias y como medio de protección de la renta de los agricultores. Se configura como un sistema ejemplar de colaboración público privada, en el que participan entidades públicas, privadas y representantes del sector; y cuyas decisiones se adoptan mediante un sistema participativo. Hasta tal punto constituye una referencia que otros estados, como Francia, han analizado el modelo español y tienen en tramitación el correspondiente proyecto de ley para implantarlo. CONTRATACIÓN En la reunión se han dado a conocer también los datos definitivos de la contratación del seguro agrario y de la siniestralidad del año 2021, ejercicio en el que la producción agrícola asegurada se mantuvo en cifras similares a las del año 2020, aunque ha aumentado un 9 % con respecto a la media del período 2017-2020. El capital asegurado alcanzó la cifra récord de 15.620 millones de euros, lo que representa un 2 % más que el año anterior. 2021 fue un año de elevada siniestralidad, un 22 % superior a 2020, y se abonaron más de 722 millones de euros de indemnizaciones. El presupuesto aprobado para la subvención del seguro agrario del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en 2021 se incrementó un 20 % con respecto al año anterior, con un montante total de 253,7 millones de euros. Las subvenciones finalmente abonadas a los agricultores ascendieron a 266 millones de euros, lo que significa un 32 % del coste total de las pólizas recaudadas. Si se suman las subvenciones aportadas por las comunidades autónomas, casi 100 millones de euros, el porcentaje medio de subvención pública se eleva al 44 %.
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