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El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación inicia la consulta pública previa de la ley de agricultura familiar
El ministro Luis Planas destaca que se trata de uno de los compromisos de legislatura del Gobierno y que será una norma clave para el futuro del sector agroalimentario
La norma pretende apoyar el papel estratégico de la actividad agraria en el desarrollo socioeconómico y medioambiental del medio rural
La ley posibilitará la adopción de medidas para fortalecer el modelo de las explotaciones familiares
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha iniciado el trámite de consulta pública previa del proyecto de ley de agricultura familiar, al objeto de recabar la opinión sobre la misma de cualquier persona, entidad u organización antes de redactar el texto normativo.
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, recuerda que la promulgación de esta esta ley es un compromiso de legislatura adquirido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su investidura, y forma parte de las prioridades de su departamento, junto a la Estrategia Nacional de Alimentación presentada recientemente.
Será, según Planas, una norma fundamental para el futuro del sector agroalimentario y para determinar las prioridades de las políticas agrarias y el tipo de explotaciones al que preferentemente deben ir dirigidas las ayudas nacionales y de la PAC. Por ello, señala que es importante el proceso de escucha y diálogo que hoy se abre para recabar las máximas aportaciones posibles y discutirlas con el conjunto del sector”.
El Gobierno es consciente de la función estratégica de la agricultura y ganadería familiares, ya que, por su asentamiento en el territorio, su capacidad para ofrecer alternativas de empleo a jóvenes y mujeres, y su positiva repercusión ambiental, es un elemento clave en la lucha contra el despoblamiento del medio rural y garantiza la cohesión social y territorial de las zonas donde se asienta.
La futura norma tendrá por objeto la definición e impulso de la agricultura familiar, a través de un conjunto amplio de medidas que podrían, por ejemplo, priorizar este modelo en las diferentes líneas de ayudas, facilitar el acceso a la titularidad de la explotación, a la financiación o a las nuevas tecnologías, además de fomentar el relvo generacional y visibilizar el trabajo de las mujeres en la actividad agraria. Todo ello siempre con respeto a las competencias y desarrollo autonómicos.
Asimismo, se modificarán otras normas relacionadas con el sector, con el fin de lograr un desarrollo completo de este tipo de iniciativas, desde diversas perspectivas (titularidad compartida o mejoras en el sistema de arrendamientos rústicos, entre otras).
La elaboración de esta nueva norma obedece a la necesidad de actualizar la Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de las Explotaciones Agrarias, que supuso un hito muy destacado en su momento para modernizar el sector agrario. Si bien en el momento de su aprobación afrontó los retos de mayor relevancia para el sector, en la actualidad, transcurridos 30 años desde su promulgación, requiere de una adaptación a la realidad social, económica y normativa, que además haga frente al solapamiento entre categorías jurídicas y a la dispersión normativa en este campo.
Tanto la Unión Europea (UE) como la Organización de Naciones Unidas se han mostrado a favor del modelo de agricultura familiar por ser facilitador de la sostenibilidad social y económica del entorno. La ley hará frente a uno de los principales retos que tiene ante si el sector agrario, el relevo generacional. Según los datos del último censo agrario (2020), el 41 % de los jefes de explotación son mayores de 65 años. Para superar este escollo son necesarias medidas de impulso a este modelo de agricultura y ganadería.
El censo agrario indica también que en la última década se ha reducido el número de explotaciones agrarias un 7,6%, hasta situarse en 914.871. la disminución ha afectado especialmente a las explotaciones de menor dimensión.
El sector agrario está inmerso en una profunda transformación hacia unos sistemas de producción más sostenibles, tanto económica como ambiental y socialmente. Ello implica que no sólo debe cumplir con los compromisos internacionales adquiridos por la UE y sus objetivos ambientales, sino también lograr una actividad rentable y hacer frente a desafíos como la adaptación al cambio climático, la competencia de otros países y las necesidades de los consumidores.
En este sentido, la innovación, la digitalización y los nuevos conocimientos y técnicas disponibles, permiten lograr unas producciones más eficientes, rentables y sostenibles. Sin embargo, las explotaciones familiares, en ocasiones por su menor tamaño y capacidad financiera, pueden tener más dificultades para acometer las inversiones necesarias o beneficiarse de las ventajas que ofrecen las economías de escala. Por ello, es necesario apoyar de forma diferencial a las explotaciones familiares para que puedan mejorar y aportar beneficios a la sociedad y el medio ambiente.
Ante todas estas necesidades del sector, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha considerado oportuna y procedente la aprobación de una ley de agricultura familiar, que englobe tanto los nuevos aspectos mencionados, como el contenido, debidamente puesto al día, de la norma sobre modernización de las explotaciones agrarias.
La consulta pública está disponible, hasta el día 3 de abril, en este enlace.
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