Resumen: El autor pasa revista a las distintas normas que regulan la distribución de competencias en materia de agricultura entre el Estado, las Regiones y los entes locales, considerando los argumentos que en ocasiones han llevado a realizar modificaciones en el diseño constitucional original. A continuación, pone de relieve las dificultades existentes para encontrar una regla precisa capaz de ordenarla actual distribución de las funciones, analizando el marco de ordenación de las competencias en agricultura, a través del análisis de las atribuciones estatales. Más adelante refleja la distribución de competencias sobre organización y gasto público en agricultura, asegurando que «la importante expansión de las funciones administrativas de las Regiones en agricultura, no se ha saldado (se refiere a la experiencia italiana objeto de estudio) con la consecuente reordenación de la Administración Central». Finalmente, comenta las cuestiones pendientes en el momento actual, aventurando una serie de respuestas a éstas interrogantes.