Resumen: Los desequilibrios estructurales y el paro existentes en el sector agrario andaluz, hacen necesaria una intervención pública. El instrumento político utilizado para tal fin en Andalucía fue la Ley de Reforma Agraria de 1984. Esta ley, insuficiente a todas luces en cuanto a los planteamientos sociales en ella contenidos, sin embargo, podría haber obtenido mejores resultados, de haber contado con el apoyo político y de los agentes sociales relacionados con la misma. La complejidad de la propia ley, la inflación del mercado de la tierra y la falta de adecuación de la política asociativa al grupo social objeto de la misma, han contribuido a empobrecer aún más los resultados previsibles. El problema del paro agrícola en Andalucía habría que plantearlo dentro del marco de una política de desarrollo regional y local, en el que la reforma de las estructuras agrarias sea un pilar fundamental, siendo un elemento clave para su desarrollo, el acercamiento y la participación de los agentes sociales.