Resumen: Se analiza el «problema de fondo» de la agricultura que enuncia Su Santidad, problema que es complejo y no exclusivamente agrario, y se exponen las directivas que el Sumo Pontífice da para resolverlas, las cuales son sintetizadas de este modo: 1. Los Poderes públicos deben ocuparse de que en los ambientes agrícolo-rurales tengan conveniente desarrollo los servicios esenciales. 2. El desarrollo económico de cada comunidad política debe ser realizado de manera gradual y con armónica proporción entre los sectores productivos, para lo que es necesaria una política económica en materia agrícola que afecte al régimen fiscal, al crédito, a los seguros sociales, a los precios, a la promoción de industrias complementarias y a la estructura de las empresas. 3. Los protagonistas del desarrollo económico, del progreso social y de la elevación cultural de los ambientes agrícolo-rurales deben ser los propios interesados, los cultivadores, pero es además exigencia vital la constitución entre ellos de asociaciones de diversos fines. 4. Los Poderes públicos, con la contribución de la iniciativa privada, deben establecer el equilibrio económico y social entre las diferentes zonas de una nación, mediante una acción de propulsión de las zonas subdesarrolladas y aplicando el principio de subsidiaridad.